CONVOCATORIA
CONTRA LA SECRECÍA Y LA OPACIDAD:
SESIONES PÚBLICAS DEL PLENO
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
El Poder Judicial del Estado de Chihuahua está, como nunca, en la observación ciudadana y sujeto al escrutinio público. Ciertamente la administración de justicia no pasa hoy por un buen momento: su ancestral dependencia del Poder Ejecutivo ha cobrado, en esta coyuntura, notas alarmantes y se puede afirmar que hay agravios muy sentidos por la comunidad por que en este gobierno del señor Duarte reinara la consigna judicial, sobretodo en materia penal. Esa será la regla, la conducta ordinaria de los jueces amenazados e intimidados, no nada más por las consecuencias del caso Rubí-Marisela, sino también por la orientación autoritaria que se deja sentir en las opiniones de quienes encabezan la administración publica.
Hay un reclamo público: contar con información de primera mano y con instituciones modernizadoras del Poder Judicial, que lo pongan esencialmente en la función jurisdiccional y lo desliguen de otros intereses.
Hoy más que nunca se requiere transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad por las decisiones que tome el Poder Judicial, cuenta habida del injerencismo de Duarte Jácquez y su fiscal, en un poder que a todas luces debe dar el paso a su autonomía e independencia plenas, que por otra parte debieran abanderar los magistrados para ganar respetabilidad.
En este marco, procedo a invitar a las organizaciones de abogados, a los abogados en lo individual, a las organizaciones derechohumanistas y a personalidades y ciudadanos en general a levantar este objetivo:
Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua a fin de que se establezca la obligatoriedad de sesiones públicas del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que las mismas se agenden con debida anticipación para favorecer la publicidad y se abran a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación.
Para lograr este propósito se valoran dos vías: presentar la propuesta cubriendo todos los requisitos constitucionales de una iniciativa popular, que sería un camino cívico muy laborioso. El otro camino es hacer la propuesta abierta a todos los diputados de la actual legislatura, en la inteligencia de que bastaría que uno solo la presente para que se inicie el procedimiento legislativo, sería un camino de menor esfuerzo e igual eficacia.
El esquema de la opacidad actualmente en práctica ya no se sostiene de ninguna manera.
Basta recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesiona en público y que, además, estos eventos tan importantes se trasmiten a toda la república a través del canal judicial de televisión.
Estoy cierto de la justicia de estos propósitos y de que habremos de alcanzarlos a la brevedad.
Chihuahua, Chih. 25 enero de 2011
Jaime García Chávez.
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