Desde
el 3 de febrero del 2010 comenzó la pesadilla de Israel Arzate Meléndez. ¿Qué
hizo? Tener la mala fortuna de toparse
con una célula militar a unos días del escándalo internacional de la masacre de
Villas de Salvárcar (donde se asesinaron a 16 jóvenes) en Ciudad Juárez. Había
que encontrar a los culpables o fabricarlos para bajar la presión al gobierno
mexicano y eso fue lo que se hizo: encontrar chivos expiatorios en los barrios
pobres de la ciudad.
El
caso de Arzate es paradigmático por que refleja la precariedad del Estado
mexicano en todas sus formas: desde las criticadas prácticas de confesión bajo tortura,
la parcialidad de los jueces en complicidad con los diferentes niveles de
gobierno; hasta el desamparo que brinda la incapacidad gubernamental de
impartir justicia y protección a una sociedad temerosa e ignorante de sus
derechos. La historia de México esta repleta de casos de injusticias y Ciudad
Juárez continúa la tradición en el siglo XXI con sus feminicidios y juvenicidios
en un sistema político que es cómplice junto con el sistema económico, de la
depreciación de la vida humana (que ahora es desechable) y del trato a sus
ciudadanos como delincuentes dependiendo de la clase social (a los criminales
de cuello blanco no se les toca).
Esta
circunstancia, de entrada grave, permite precisamente una orientación
fascistoide del Estado, cuyas ventajas se pueden medir en cuanto a limpieza
social, echando mano de la población, sobre todo en aquellos sectores
vulnerables donde es más fácil engañar o abusar de la sociedad. En una ciudad
como Juárez, donde la policía te ve como sospechoso, el desamparo social se
pronuncia ahí donde hay más ignorancia y miseria. La pobreza no sólo es útil en
tiempos electorales, cuando se pueden comprar votos; también se aplica en esos momentos
críticos cuando hay que “solucionar” problemas (aunque en realidad los
compliquen más) echando mano de tanto pobre indefenso que hay y del que se
puede abusar. Esas complicaciones no son otra cosa que las contradicciones del
Estado por ocultar su naturaleza violenta intentando una imagen de eficacia.
Regresando
al caso de Arzate, lo primero que salta a la vista es la irregularidad de su
detención, aunque es una práctica típica de las policías mexicanas, muy común
también en los militares; la debilidad de los cargos que se le implican, siendo
el más grave, el de su participación como sicario en la masacre antes citada; y
la inexplicable actitud berrinchuda de las autoridades por mantenerlo recluido
bajo cualquier escusa antes que declarar que todo lo han hecho mal y están
negándole un juicio justo a Arzate y una investigación profesional, ÉTICA, a la
sociedad y sobre todo, a los familiares de las víctimas. La soberbia de los
gobernantes no tiene límite y el Estado mexicano es incapaz de reconocer sus
errores. Se juega con las personas como monedas de cambio en las intrigas
políticas, para acallar a la sociedad, mantener el orden y sobre todo, el
puesto a salvo.
La
masacre de Villas de Salvárcar es un asunto ya muy politizado, muy manoseado,
donde la justicia brilla por su ausencia y buena parte de los vecinos afectados
han sido comprados con regalos y dinero del gobierno (municipal , estatal y
federal) o incluso, por consejo de ONG´s, han optado por aceptar lo que diga la
versión oficial, antes que llegar a la verdad de los hechos. El engaño de
atrapar culpables que luego resultan ser inocentes, es una película muy vista
en Juaritos, por eso no es posible creer en las “autoridades” cuando presumen
que han “atrapado” a alguien. El caso de Arzate Meléndez, como el de muchos
otros, entra desafortunadamente en esta categoría.
Convertirse
en enemigo del gobierno de la noche a la mañana, sin aviso previo y con toda la
ignorancia que la despolitización social y el egoísmo individualista permite,
es una violación táctica que el Estado hace con aquellas personas escogidas al
azar o selectivamente para vaciar al Estado de culpas y someter al
desdichado(a) con toda la fuerza del poder, donde no sólo participan las
diferentes instancias de gobierno, sino también aliados y grupos de interés.
Uno de los cómplices del poder son los medios informativos, que juegan una
doble moral al, por un lado, alinearse o negociar noticias con los gobiernos y
grupos de poder, y por el otro, generar o desviar la atención sobre algún tema
en particular. En el caso Arzate, sobresale el tratamiento que le dan algunos
medios masivos, que lo juzgan culpable antes que las autoridades, fungiendo
como aliados del Estado e influyendo así
con su opinión en las masas.
¿Por
qué el afán del Estado contra Israel Arzate? Tal vez su delito más grave ha
sido tener la suficiente valentía para denunciar los abusos y torturas que ha
sufrido con la “justicia” mexicana, llamando la atención de organismos de
Derechos Humanos nacionales y de medios de comunicación serios e
independientes. El Estado no sabe reconocer que sigue fracasando en impartir
justicia; que proyectos sociales como el “Todos somos Juárez” no funcionan; que
la violencia ha bajado pero sigue habiendo homicidios, feminicidios, asaltos y
que el sistema de justicia (jueces y policías) no es confiable.
El Estado
mexicano sigue teniendo una gran deuda pendiente en materia de calidad de vida
para las y los juarenses. Más penoso todavía, su legitimidad sigue en descenso,
con la consiguiente antipatía social más allá de las urnas. El Estado, el PRI,
los partidos, podrán comprar a buena parte de la sociedad, pero no a toda la
sociedad.
