Vigilar y castigar
Michel Foucault
El contexto sociológico
Febrero se caracteriza por ser un mes corto, rápido, pero los primeros veinte días del presente se viven con una intensidad pocas veces vista en Ciudad Juárez. Los acontecimientos sangrientos de la masacre estudiantil de Villas de Salvárcar a finales de enero, más la respuesta despectiva y errada del ejecutivo federal son el detonante de una larga serie de manifestaciones con todo tipo actores sociales bajo una causa común: el regreso a la paz social. Ha sido y es tan ensordecedor el grito de las y los juarenses contra la violencia, que es inevitable ignorarlos.
La presión ejercida desde Ciudad Juárez fuerza la venida de Felipe Calderón y todo su gabinete (la tercera y cuarta visita en tres años) para entablar una especie de diálogo entre los tres niveles de gobierno y representantes invitados de la sociedad civil que lleve a encontrar soluciones aplicables a la ciudad. La sociedad juarense recibe con escepticismo las ofertas del programa “Todos somos Juárez” advierten ya no creer en discursos e insisten en exigir resultados inmediatos.
Estos veinte días son una verdadera catarsis para la sociedad juarense. Las imágenes ofrecidas por la televisión y el Internet alcanzan a mostrar sólo una pequeña parte del estado de ánimo juarense en estos momentos. Los sentimientos encontrados de miedo, inseguridad y desesperación se mezclan con el estrés, la irritación, la ansiedad y la depresión canalizándose a través del enojo, la agresividad, la angustia, pasando a convertirse en una clara consigna: que renuncien Calderón, Reyes Baeza y Reyes Ferriz. La ciudadanía por iniciativa propia empieza a tomar interés por su destino y está expectante de obtener las respuestas largamente negadas de las promesas de un gobierno tras otro.
El caso más conmovedor y emblemático de estas manifestaciones es el de Luz María Dávila, quien perdió a sus dos únicos hijos en la masacre de Villas de Salvárcar, la que llaman Madre Coraje, por confrontar desde sus entrañas a Calderón y sintetizar en menos de cinco minutos lo que muchos no se atreven a reclamarle, comenzando con el ya famoso “para mí usted no es bienvenido”. Casi al mismo tiempo, afuera del recinto donde se celebra la reunión del 12 de febrero, estudiantes, activistas y familiares de las víctimas son reprimidos por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Ese día, durante el tiempo que dura el evento, tres personas más son ejecutadas en los suburbios de Juárez.
Las y los jóvenes son otro actor emblemático de las manifestaciones actuales. El grueso de la población asesinada es joven, sean estudiantes, trabajadores o delincuentes, quienes se han visto más vulnerables ante la crisis de seguridad y la económica, factor que subyace también en el meollo de la problemática de la violencia. Contra ellos y ellas también recaen las acusaciones de menosprecio y criminalización de los medios de comunicación, principalmente los televisivos, al destacar y denostar sus acciones en contra de la militarización y la exigencia de renuncia de Felipe Calderón. La violencia de las manifestaciones, que no ha pasado del graffiti de protesta y las consignas políticas, comparada con el uso de la fuerza policiaco-militar y sus intimidaciones cotidianas de los retenes y cateos, más los mil casos documentados de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, no tienen parangón.
Protagonismos, ausencias y suspicacias
Las dos reuniones del programa “Todos somos Juárez” conducidas por las cabezas de los tres niveles de gobierno, pero supeditados por el gobierno federal en la figura de Calderón, de entrada muestran una actitud conciliadora hacia la sociedad juarense, a la cual (dicen) viene a escuchar para encontrar soluciones juntos. Es innegable el aparatoso despliegue de medios y seguridad para cubrir los eventos, a los que sólo se puede acceder exclusivamente por invitación, aunque a veces ni con ella.
Adentro las cosas no son fáciles, en la reunión del jueves 12 son muchas las voces exigentes y críticas, muchos los reclamos y pocos los aplausos. En la del miércoles 17 siguen las críticas, pero bajan el nivel de exigencia al tiempo que aumentan los discursos aduladores y la invitación al evento se hace más selectiva; aparentemente hay un público más favorable a la conducción del ejecutivo, centro del poder moderador de la reunión. Las figuras del gobernador, el presidente municipal y la representación del Congreso se desdibujan ante la mayoría de secretarios federales, en donde se intenta además, que las voces ciudadanas invitadas lleven las propuestas de trabajo y protagonicen junto con Calderón, el evento.
De las dos reuniones hay dos posiciones claramente distinguibles. La primera es la abrumadora incredulidad crítica de las mesas participantes y sus conclusiones hacia las tres esferas de gobierno, donde parece nadie queda satisfecho con los compromisos asumidos por el Estado. La otra es la inamovible respuesta en defensa de la milicia que hace Calderón, la de mayor firmeza y convicción: los militares no salen de Ciudad Juárez, con lo cual se prosigue con esa política militarizada de Estado policiaco que es precisamente una de las principales quejas de la sociedad juarense hacia la estrategia de seguridad implementada a través de los finalmente inoperantes Operativos Conjuntos, cuyos pobres resultados son muestra elocuente de la incapacidad del Estado por ofrecer condiciones mínimas de protección a su población y el punto neurálgico de las crecientes exigencias por las cuales comparecen a trabajar los tres niveles de gobierno en Ciudad Juárez.
Parte de la bien fundada incredulidad de las y los juarenses hacia el ejecutivo federal, es la exclusión del tema de derechos humanos y peor aún, la exclusión de algunos de los participantes de esa mesa, particularmente de la activista Cipriana Jurado y el diputado Víctor Quintana. Esta mesa resultó ser la más combativa e incómoda para Calderón, pues su propuesta exige el retiro inmediato de la milicia y la rendición de cuentas de los abusos y violaciones perpetrados por esta institución hacia la población, lo cual se antepone frontalmente con la posición guerrerista calderoniana. Igualmente son acalladas o disipadas las manifestaciones que exigen la revocación de mandato de Calderón y/o la desaparición de poderes en Chihuahua y Ciudad Juárez.
Otras exclusiones o ausencias no menos importantes, pero sí evidentes son la juventud, la mujer y la niñez. Siendo estos actores los más vulnerados en los dos años de operativos en la ciudad y aun antes, no son figuras principales de las mesas de trabajo; mejor se invita a las iglesias evangélicas y católica, a las inmobiliarias y a los medios de comunicación, que seguro algo tienen que decir y aportar, pero no representan más que a ellos mismos. Es interesante notar en estos dos eventos cómo hay un mayor interés por las instituciones que por los actores; es decir se prefirió trabajar con representantes de instituciones (académicas, empresariales, religiosas, ONG´s) que finalmente terminan por representar sólo una parte de la sociedad, que instalar mesas de trabajo más amplias e incluyentes con las y los directamente afectados. La montaña vino a ellos, pero no se acercó demasiado.
Otro punto neurálgico de recelo social es la cuestión electoral. Las visitas de Calderón anuncian también la atracción de recursos extraordinarios para enfrentar el crónico rezago social de la ciudad, un recurso por cierto seriamente cuestionado por su supuesto engaño (ver el interesante artículo de Hernán Ortiz en su columna Desde Juárez, http://www.arrobajuarez.com/notas.phpIDNOTA=15508&IDSECCION=DesdeJuarez&IDREPORTERO=Hernán Ortíz) que en medio de las campañas y precampañas electorales, resultan por demás polémicas, pues se perciben intenciones más allá de la ayuda a la ciudad. Para nadie es secreto el desprestigio que gozan los partidos y políticos en esta ciudad fronteriza y el elemento dinero conlleva a suspicacias sobre qué candidato o partido saldrá beneficiado con la ayuda anunciada.
Discurso y propuesta calderoniana
El discurso conservador de Felipe Calderón permite ver claramente su posición ideológica, sus debilidades y carencias, así como su ética de trabajo. Lo que inicialmente se presenta como diálogo entre gobierno y sociedad, en realidad es una justificación autocomplaciente para demostrar el interés del ejecutivo en el tema. En general no se percibe un compromiso serio (no se establecen fechas límite ni se va el ejército) para resolver el problema de inseguridad en Juárez.
En sus dos intervenciones Calderón se afana por justificar la presencia del ejército y la PFP en la frontera. Acusa a la ciudad de violenta y no que la violencia aumenta con la llegada de estas instituciones armadas. Para Calderón Ciudad Juárez es un caso paradigmático donde la decadencia de la vida social humana es inminente y requiere de una intervención dura y ejemplar. Incapaz de reconocer los errores de la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico”, se aferra a defenderla y acusa a sus no pocos críticos de detractores, considerándolos como enemigos de las instituciones, lo que equivale a entender el porqué de la criminalización de la sociedad juarense y la represión, hostigamiento y asesinatos de líderes sociales y activistas derecho humanistas.
La propuesta calderoniana más clara y precisa al clima de inseguridad, es más policía y presencia militar. El autoritarismo del discurso de Calderón ofrece una visión chata, limitada en su percepción particular influida por lo que él llama “la erosión de los valores universales (haz el bien, evita el mal)”. Esta posición maniquea de clara influencia católica responsabiliza a la ausencia de familia (sic) como el origen de las circunstancias que vivimos actualmente en Ciudad Juárez. La llegada de la maquila y la migración dice, cambió la estructura familiar en Juárez: madres solteras, niños desbalagados, aumento del consumo de drogas, aumento de la delincuencia; las y los jóvenes “no tienen familia y no creen en ella”, comenta Calderón para dar a entender el tamaño de la problemática de Juárez.
Este tipo de discurso es engañoso por que deslinda al Estado de su responsabilidad social y acusa a la familia, institución infinitamente más pequeña y frágil, de todo lo malo que le sucede. Es también ofensivo, intolerante y discriminatorio por que sugiere que sólo la familia nuclear propuesta por el cristianismo (papá, mamá, hijos) puede influir en mejores sociedades. Además se acusa indirectamente a las familias uniparentales o no tradicionales de producir prole tendiente a delinquir. Eso significa que todas aquellas personas que somos fruto de este tipo de familias somos criminales en potencia.
Por otro lado el discurso del “camino de la ley” anunciado por Calderón, invita a reconstruir la sociedad “sobre la base de la ley y el derecho”, pero al identificarse como partidario del “comercio libre” y al confundir la anarquía con la anomia, se deslinda de la situación provocada precisamente por ese tipo de visión neoliberal que él representa: un sistema basado en las leyes del mercado (que en realidad es un sistema caótico violatorio de reglas) por encima del poder del Estado da como consecuencia un gobierno anómico, pues no respeta leyes (la anarquía es la ausencia de gobierno, no de leyes).
Síntesis
Seguramente habrá muchas cosas que aclarar antes de poder solucionar el problema de la violencia en Ciudad Juárez, como el trato indistinto ante la misma problemática a otros estados como Sinaloa o Morelos; el aspecto internacional del problema de las drogas o el porqué no se han investigado las multimillonarias cuentas bancarias y el lavado de dinero de los cárteles. Mientras tanto los asesinatos en este Estado de excepción no declarado que es Ciudad Juárez continúan.
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