miércoles, 16 de marzo de 2011

Lecciones de arrogancia


El problema de violencia en México es un problema político. Con tristeza e impotencia y gracias a los cables de Wikileaks ahora confirmamos el profundo intervencionismo estadounidense en el país paralelo al entreguismo de los gobernantes mexicanos. Genocidios como el de Ciudad Juárez, son simplemente resultados de la Iniciativa Mérida, versión mexicana del Plan Colombia. Para quienes aún no les ha “caído el veinte”, estamos viviendo los últimos momentos como país independiente.

Desde el inicio de la militarización de Ciudad Juárez, organizaciones e individuos nos opusimos y manifestamos en contra de tal acción porque veíamos el engaño y anticipábamos los actuales escenarios de violencia que ya han alcanzado a varios estados y ciudades. Los militares se fueron, pero no por nuestro esfuerzo, sino por los dictámenes de Washington, dejando a la no menos nociva Policía Federal. Que el embajador Pascual venga a Juárez y dicte lo que se le dé en gana, muestra otro paralelismo: la arrogancia gringa y el sometimiento del Estado mexicano, cual Estado satélite, hacia los intereses de Washington incluso si perjudica a la sociedad mexicana, como ha sido el caso.

El problema de las drogas, punto nodal de la actual situación anómica mexicana, era más un problema de los gringos que nuestro. Sin negar la situación de adicciones propia, la industria del narcotráfico era y sigue siendo una industria de exportación hacia Estados Unidos y no de autoconsumo. La urgencia de Calderón por reforzar su llegada fraudulenta al poder en el 2006, facilitó también la progresiva entrada de Washington, hoy prácticamente la que gobierna en México. En cuatro años los gringos han penetrado como nunca este país al que consideran algo así como su reserva territorial, energética y de mano de obra barata.

Es urgente que la sociedad mexicana vea, lea y reflexione el futuro inmediato en manos de los gringos. Para desilusión de muchos(as) compatriotas, los gringos no son los héroes que pintan en sus películas ni Estados Unidos es la paradisiaca “land of opportunities”. La actual condición estadounidense es la de un imperio en decadencia cuyos esfuerzos se concentran en seguir siendo la potencia que es a costa de lo que sea. El siglo XX está plagado de invasiones gringas por todo el mundo, de apoyo a dictadores (ver el escenario árabe) de combate a los movimientos progresistas (ver Latinoamérica) e incluso, de confabular contra su propia gente, como lo sucedido en Nueva York el once de septiembre del 2001.

Por otra parte la clase política-empresarial mexicana es ahora más pro estadounidense que antes. Tres décadas de neoliberalismo han forjado una generación de políticos y empresarios adoradores de Washington; personas inescrupulosas capaces de vender el país al mejor postor o como en Ciudad Juárez, con intereses y socios en ambos lados de la frontera. Que la gente muera a diestra y siniestra es lo de menos; lo importante es hacer negocios y mantener a raya a una sociedad de por sí mal educada, despolitizada, individualista y empobrecida. La figura de Calderón es quien mejor representa lo anterior, pero no es el único, tan sólo el más visible.

Con o sin Wikileaks ahora resulta más importante seguir las declaraciones de Obama, Hillary, Napolitano o Pascual, que lo que digan el gobierno federal, estatal o municipal. El ensamble y estructura tanto del discurso (Estado fallido) intervencionismo (Pascual) y cinismo (Rápido y furioso) dicen tanto como el vergonzoso silencio de Calderón que ni siquiera se atreve a expulsar a quien considera un embajador algo más que incómodo. Señores y señoras, el imperio ya se instaló aquí y la “guerra” contra el narco seguirá, nos guste o no. olvídense de las elecciones del 2012: ganará quién proteja y represente mejor los intereses de Washington.

El problema de inseguridad nacional es un problema político y económico, no policiaco. Por eso no se consultó con la sociedad, sino con Washington; por eso el narcotráfico no se terminará, se administrará de manera más controlada; por eso no habrá rehabilitación a los usuarios de drogas, sólo exterminio o lo que diga Obama; y por eso se busca urgentemente vincular al narco con grupos terroristas tipo Al Qaeda, para que Washington tenga la justificación de combatir en territorio mexicano cuando llegue el momento.

Si seguimos cruzados de brazos la situación seguirá poniéndose peor. A final de cuentas Estados Unidos va a legalizar la mariguana cuando ya haya hecho un desastre de nuestro país y controle tanto al gobierno como al negocio de drogas ilegales. Es un callejón sin salida, ¿cómo no les preguntamos a los afganos cuánto ha aumentado la producción de opio desde la invasión gringa a principios de milenio?, ¿o a Colombia cuánto les ha costado en pérdidas humanas y libertades su combate al narcotráfico?

¡Fuera gringos de México!

lunes, 14 de marzo de 2011

PROBLEMÁTICA EN LA SIERRA TARAHUMARA

(El texto es del 2010, pero se mantiene vigente por las condiciones de explotación contra los indígenas en la zona.  Agradezco la observación del problema y link del texto al doctor Oscar de la Riva)
http://ewwaunel.wordpress.com/2010/08/11/comunidades-indigenas-denuncian-proyecto-turistico-en-barrancas-del-cobre-chihuahua/

Boletín de prensa


Chihuahua, Chih., México, a 10 de agosto de 2010.

Les damos las gracias por venir a esta conferencia de prensa, les pedimos que pongan en los periódicos lo que vamos a decirles, para que seamos escuchados por el gobierno, por la gente que le gusta pasear en la Sierra Tarahumara.

Nosotros somos autoridades tradicionales de las comunidades indígenas de Bacajípare, Huetosachi, y Mogotavo, del municipio de Urique, y de Repechike, del municipio de Bocoyna, también nos acompañan de la Consultoría Técnica Comunitaria, A.C., y de la

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., COSYDDHAC quienes nos dan asistencia técnica.

Queremos denunciar la manera como nos ha afectado el Proyecto turístico Barrancas del Cobre, y la construcción del teleférico en la zona conocida como el Divisadero en el municipio de Urique y la posible construcción de un aeropuerto en el territorio de la comunidad de Repechike por los siguientes hechos:

Estas grandes obras nos afectan de manera directa a las cuatro comunidades indígenas representadas por su gobernador, quienes poseemos tierras en esta región. Entre las cuatro comunidades contamos con una superficie de más o menos 16,924 hectáreas. En este territorio vivimos un total de 203 familias indígenas con un promedio de 7 miembros por familia, siendo aproximadamente 1,421 las personas afectadas.

Desde que empezó el proyecto turístico y cuando se anunció la construcción del teleférico en el Divisadero y del aeropuerto cercano a Creel, hemos tenido presiones para dejar nuestras tierras porque hay gente de afuera que quiere quedarse con ellas, para construir hoteles, cabañas y obras para el turismo. Estas tierras las hemos ocupado de siempre,primero por nuestros abuelos y nuestros padres, ahora por nosotros y nuestros hijos. Por esta causa hemos sufrido amenazas a nuestra vida, agresiones verbales y escritas, intentos de desalojo, por lo que, nos vimos obligados a presentar denuncias ante los tribunales agrarios, civiles y penales, denuncias que a la fecha no se han resuelto.

Durante años hemos mandado oficios al gobierno, federal, estatal y municipal diciendo los problemas que sufrimos como son la falta de seguridad pública, la falta de servicios públicos, denuncias y quejas por la derrama de aguas sucias que ustedes nombran aguas residuales de los hoteles establecidos en la parte alta de las barrancas, la necesidad que tenemos los indígenas de agua potable, la falta de control en la venta de alcohol, la invasión del ganado, el despojo de tierras, las amenazas de muerte, no hemos sido escuchados.

Por todo esto las comunidades que representamos presentamos una queja ante el Relator de Naciones Unidas para poblaciones indígenas en la que le decimos que se violaron los derechos que tenemos como pueblos indígenas y que están en el artículo 2do. de la Constitución Mexicana, en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los derechos que nos han sido violados son: el derecho a la tierra, a los recursos naturales, al reconocimiento jurídico de las autoridades tradicionales, al derecho de información, a ser consultados antes de que se decidan los proyectos de desarrollo, el derecho a ser escuchados, el derecho a decidir cómo queremos vivir, el derecho a una justicia pronta y expedita en las demandas presentadas ante los tribunales agrarios, civiles y penales.

También nos quejamos ante la ONU que la inversión pública que se ha hecho está dirigida principalmente a realizar obras de infraestructura del proyecto turístico, y no toman en cuenta lo que necesitan nuestras comunidades para vivir bien. Cada día vemos que el proyecto turístico beneficia más a gente de afuera (empresas y prestadores nacionales y extranjeros de servicios turísticos) y a unos pocos intermediarios locales, nada nos dejan a los indígenas. No nos han informado qué va a hacer el gobierno sobre el número de turistas que van a llegar a nuestras tierras, qué van hacer con la falta de agua en la zona, cómo se van a manejar los desechos como basuras, aguas residuales y desechos peligrosos. El Estudio de Impacto Ambiental no lo dice y tampoco nos lo dieron a conocer.

El proyecto turístico en la Comunidad de Bacajípare

En 2007, el director del Fideicomiso Barrancas del Cobre, les presentó a los ejidatarios de San Alonso, lo que sería el proyecto turístico. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2008, se llevó a cabo una asamblea en el ejido en la que se aprobó la renta por 30 años de 20.5 hectáreas para la construcción del teleférico al Gobierno del Estado, hectáreas que están dentro de la superficie de tierra que nosotros usamos.

En asamblea ejidal celebrada el 14 de junio de 2009 en el ejido San Alonso, la Secretaria de Desarrollo Comercial y Turístico solicitó permiso para la construcción de un proyecto para la parte baja del barranco, precisamente en el territorio cultural de la Comunidad de Bacajípare, consistente en; construcción de una tirolesa, albercas de aguas termales, cabañas, rutas de caballos y de bicicletas entre otras, el ejido lo permitió sin que el gobierno del estado se comprometiera a pagar nada por el uso de ese terreno en el cual nosotros vivimos.

En esta misma asamblea la comunidad de Bacajípare presentó un proyecto de ecoturismo, para ser administrado y desarrollado por la misma gente del lugar que cuenta con un comité de turismo, y no fue aceptado, el gobierno del estado lo tomo como propio.

El proyecto turístico en la Comunidad de Mogotavo

Los habitantes de la comunidad indígena de Mogotavo, ubicada principalmente dentro del predio particular “Mesa de la Barranca” en el municipio de Urique, queremos decir y quejarnos que al principio del año 2009 fueron de Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V SOFOM ENR, nos presionaron para que abandonáramos nuestras casas porque quieren construir un hotel, restaurantes y viviendas de lujo en la tierra donde vivimos.

Posteriormente el Secretario de Turismo no nos escuchó. En marzo de 2010 investigando en el Registro Público de la Propiedad encontramos que hay cinco co-propietarios a quienes les fue vendido una parte del terreno.

En nuestra comunidad también quieren demoler el albergue y la escuela indígena Rebelión del Tarahumara donde estudian y se alimentan casi 100 niños de 14 comunidades de la región.

El gobierno quiere reubicarnos a 15 kilómetros del sitio actual, en una zona en la que no hay agua, ni terreno para los sembradíos de maíz y frijol y nos quieren dar pequeñas casas de ladrillo que fueron edificadas sin tomarnos en cuenta.

El lugar donde vivimos, es considerado territorio sagrado, porque la Iglesia del pueblo de “Jesús Nazaret”, o “Jesús Nazareno”, es el centro ceremonial donde nos reunimos habitantes y vecinos de otras comunidades, para celebrar la fiesta; y porque ahí está el cementerio en las cuevas de la Barranca del Cobre, donde están sepultados los de antes.

El proyecto turístico en la comunidad de Repechike

La comunidad de Repechike está en un territorio de más o menos 11,606 hectáreas, somos 90 familias que tenemos las casas en el lecho del río Otero y algunas mesas donde hemos vivido desde siempre en terrenos que según los archivos del Registro Agrario Nacional son de particulares.

Las tierras fueron desmontadas para meter las líneas de energía eléctrica, el acueducto de Recowata a Creel, ahora el acueducto de Creel a Divisadero y tienen pensado construir el aeropuerto, sin que se nos haya informado, consultado o beneficiado de alguna manera.

El proyecto turístico en la comunidad de Huetosachi

En Huetosachi vivimos 13 familias tarahumaras en cinco rancherías, y somos en total 61 gentes. Las familias vivimos en el predio el Madroño que tiene 480 has. del cual se muestra como dueño Andrés Elías Madero.

Durante 2008 uno de los líderes de la comunidad, Pedro Moreno y su hijo Ricardo Moreno de 12 años tuvieron amenazas de muerte, una forma de presión para que dejara de organizar a la comunidad en la defensa de la tierra. Por otra parte, quien se ostenta como propietario clausuró la entrada al predio imposibilitando a los habitantes indígenas transitar libremente por la puerta, no dejándoles otra opción que salir por debajo del cerco; tampoco podían entrar y salir vehículos, cuando se requería sacar a los enfermos lo hacían en carrucha y por debajo de la cerca, hasta la carretera.

Nosotros buscamos al propietario a través de la Secretaria de Gobierno y la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos indígenas y le hicimos una propuesta de acuerdo, nos dijo que le diéramos un mes para pensar, pero nunca nos volvió a buscar para decirnos cuál era su propuesta.

Por todo lo que ha pasado recurrimos al Relator de Naciones Unidas solicitándole:

1. Que hable con el gobierno de México para que se tomen medidas efectivas y necesarias para que dejen de violar los derechos individuales y colectivos de las Comunidades rarámuri de Huetosachi, Bacajípare, Mogotavo y Repechike. Derechos a nuestras tierras y recursos naturales, derechos de posesión, derecho de información y consulta previa; derecho a participar y decidir qué es lo que nos conviene en relación al proyecto turístico.

2. Que se hagan las investigaciones necesarias para identificar, procesar y sancionar a los responsables de dichas violaciones, asegurar la adecuada reparación de los daños ocasionados y sean restaurados los derechos violados. Y, se nos informe de los resultados de estas investigaciones y medidas que se tomen.

3. Que realice un informe sobre el Proyecto Turístico de referencia y el impacto en losderechos del pueblo rarámuri en Chihuahua, México.

Por último solicitamos seguridad para nuestras personas y comunidades, y para los asesores.

Atentamente,

Corpus Ortega Torres

1er Gobernador de San Alonso.

Marín Moreno Torres

2º Gobernador de Bacajipare.

María Monarca Lázaro

1ª gobernadora de Huetósachi.

María Luisa Cruz Rámos

2ª Gobernadora.

San Miguel Cruz Moreno

1er Gobernador de Mogotavo