El
domingo 3 de marzo es asesinado en Ojinaga el periodista Jaime Guadalupe
González Domínguez, director del periódico en línea Ojinaga Noticias; en los primeros minutos del miércoles 6 de marzo,
son balaceadas las oficinas de El Diario
y Canal 44 en Ciudad Juárez; un día
antes y un día después, roces de periodistas con el jefe de la policía de
Ciudad Juárez, Julián Leyzaola y con los guardias del gobernador del estado,
César Duarte. El viernes 8 de marzo aparece una carta pública del columnista
político Jaime García Chávez sobre la desaparición de sus textos dominicales
y/o posible censura en El Heraldo de
Chihuahua.
Los
primeros cien días del nuevo-viejo régimen nos da, como las cabañuelas de inicio de año, una panorámica del porvenir. Es
sin lugar a dudas a través de los símbolos como representamos la cotidianidad y
la “realidad” para, de alguna manera, incidir o protegerse de ella. Es mal
augurio la continuación del asesinato a periodistas y la justificación del
Estado policiaco como única salida a la violencia. Hasta un niño(a) de primaria
sabe que la violencia (es decir: la pobreza, el hambre o la avaricia) son
origen de la delincuencia y no consecuencia. Por eso llama la atención los atentados
a los diversos medios de comunicación y libre pensadores en tan poco tiempo,
pues pareciera un pretexto del Estado para seguir militarizando, pero no
necesariamente para hacer justicia. Ahí el tristemente célebre caso del doctor
Víctor Manuel Oropeza, legendario columnista político asesinado a principios de
los años noventa del siglo pasado, primer mártir de El Diario.
Otros
actores políticos sensibles al terrorismo de Estado son las organizaciones
derechohumanistas y los movimientos activistas de todos los colores, quienes
desde iniciada la “guerra” contra el narco, no han dejado de ser acosados(as)
amenazados(as) e incluso asesinados(as) en estos años de guerra sucia a la
mexicana. El vivo ejemplo desde hace veinte años, son las madres y familiares
de desaparecidas y asesinadas, las víctimas del feminicidio quienes hasta el
día de hoy, siguen padeciendo la multiplicación de sus desgracias por ser
pobres, invisibles y desechables para un Estado neoliberal representado por
quienes sólo se sienten seguros rodeados de decenas de guaruras y en ambientes
empresariales y religiosos de alta jerarquía.
Que
el cuarto poder sea amenazado no es buena señal para las y los mexicanos en
general. La libertad de expresión es un síntoma de la buena salud de una
sociedad dada; cosa contraria, en una sociedad donde priva el miedo y la
violencia, perjudica la salud pública enfermando las mentes de sus integrantes.
La censura, el toque de queda, el silencio y la denuncia anónima se convierten
en herramientas para dividir más a la sociedad. La lucha de poderes suele no
respetar lógicas pacíficas sino la lógica de la fuerza: es más fácil imponer
que dialogar. También da cuenta del valor de la vida y lo que llaman las buenas
gentes de derecha como “pérdida de valores”. Estos atentados en Chihuahua, ¿son
réplica de los atentados a la prensa en Tamaulipas o más recientemente a El Siglo de Torreón, Coahuila,
aparentemente ambos ocasionados por el hampa? O bien, ¿obedecen a cuestiones
políticas y de gobierno?
Los
atentados a los medios de comunicación, a la prensa y a la libertad de
expresión vulneran también el derecho a la información de la sociedad y hacen
irremediablemente visible la violencia imperante en Chihuahua, que habrá
disminuido en cantidad, pero se ha extendido a todas partes del estado. No
puede presumir el gobierno del estado como suyo el logro de la disminución de
los homicidios (los feminicidios siguen a la alza) por que no es debido a ninguna
de las estrategias aplicadas; pare evitar engaños y como ejemplo de honestidad,
se deben regresar premios inmerecidos otorgados al gobierno municipal de Ciudad
Juárez, por méritos que no son suyos (también en cuestión de disminución de la
violencia).
Es un
mito el regreso al orden y la paz en Chihuahua. Una semana basta para
comprender la dimensión del problema y el reto que se nos avecina a las y los
chihuahuenses: la entidad sigue siendo peligrosa, sobre todo para ciertos
oficios, como el periodismo. Una de las grandes críticas a la autoridad es que
no previene, no investiga y no aprehende (prácticamente sus tareas) y que sólo
encuentra soluciones en chivos expiatorios de grupos vulnerables (pobres y
jóvenes) cuando no amedrenta a personas pacíficas, sin tocar a sus propias
filas. No es ajeno a la opinión pública las amenazas y acciones de Julián
Leyzaola contra las y los trabajadores de la información en la fronteriza
Ciudad Juárez; no ha de descartarse esa línea de investigación en el caso de
los atentados a El Diario y Canal 44, ¿pero quién la investigaría? Hasta
la Comisión Estatal de Derechos Humanos le tiene miedo a este personaje.
