miércoles, 25 de enero de 2012

La ley a la Leyzaola




El que mata a puñaladas, no puede morir a besos
Anónimo

Rubén salió por la mañana, en fachas, sin bañarse y algo despeinado, a comprar unos cigarros a la tienda de la esquina, pero la encontró cerrada; entonces caminó dos cuadras más a la tienda más cercana. De regreso lo interceptó una patrulla policiaca, le pidieron identificación, no traía; le pidieron dinero para no llevarlo a la cárcel, tampoco traía; pidió que lo dejaran avisar a su casa, no quisieron. Pasó ocho horas detenido y además un policía le robo una cadenita de oro, pero ¿cuál fue su delito?

El actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola, asumió el cargo en marzo del 2011 en la administración priista del no menos polémico y peligroso empresario Héctor “Teto” Murguía Lardizábal, extraoficialmente impuesto por la cúpula empresarial juarense (sus posibles padrinos) pese a denuncias judiciales de subalternos y señalamientos de instituciones derechohumanistas nacionales e internacionales, pues se le acusa de tortura y asesinato en el desempeño del mismo cargo en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Leyzaola se ve así mismo como una especie de justiciero (como lo muestra la entrevista hecha por Ignacio Alvarado para El Universal el 8 de noviembre del 2010: “Leyzaola: Héroe, villano o ambos”) quien  cobijado por la ley, sigue el mismo camino de “mano dura” en Juárez que tanto gusta a la gente de derecha.

Según el portal noticioso Puente Libre, los delitos del fuero común aumentaron 200% desde su llegada; violaciones como la sufrida por Rubén se multiplican por docenas todos los días y peor aún: siguen apareciendo en las calles y de manera anónima (es decir, sin ningún narcomensaje) personas asesinadas y con signos de tortura.

La limpieza social continúa pese a la salida de soldados y Policía Federal de la ciudad, ¿será posible que la Policía Municipal continúe ahora ese trabajo sucio? A Rubén le fue bien, pues solamente recibió maltratos verbales, pero en otros casos también se golpea y se roba, además del jugoso ingreso económico en multas para las arcas del municipio.

Es obvio que los municipales actúan con respaldo de Leyzaola y éste con el visto bueno de Murguía y el empresariado.

De los muchos casos violatorios de este personaje, destaca el acontecido el primero de noviembre del 2011, cuando se celebraba una manifestación pacífica de indignad@s que fue reprimida con lujo de violencia y encarcelados las y los participantes además de los reporteros que cubrían la nota, como evidenciaron los medios informativos en su momento.

Otro caso es el sucedido a mediados de diciembre donde se acusa directamente a Leyzaola y otros siete policías de la muerte a golpes de Jorge Andrés Padilla en los separos policiacos de la Estación Universidad; la denuncia fue presentada por dos testigos amigos de la víctima y sobrevivientes de la golpiza, quienes están actualmente detenidos en el Cereso local y según ellos, a salvo de cualquier represalia de Leyzaola. El cuerpo de Padilla fue abandonado en el desolado Camino Real, a las afueras de la ciudad.

También el periodismo es víctima frecuente de la nueva policía de Leyzaola: a su llegada el trabajo periodístico se ha complicado incrementándose las amenazas y los ataques a este gremio, siendo el más reciente a un fotógrafo de Norte de Ciudad Juárez, Luis Ramírez Sánchez, el 10 de enero del 2012, quien fue detenido y torturado psicológicamente cuando cubría un arresto policiaco. Otros casos no se denuncian por temor a represalias; existe miedo en el medio.

La situación de inseguridad disminuye, como se ha dicho, con la salida del ejército y federales, pero no mejora la calidad de servicio que presta la Policía Municipal bajo esta modalidad de “todos son delincuentes”,  continuando y aumentando la desconfianza social al gobierno y su policía. Los únicos contentos parecen ser los empresarios; la sociedad sólo se queja en corto, pero no realiza acciones para evitarlo y es tan alto su analfabetismo político que ni siquiera se defiende, pues ignora sus derechos.

En este sentido es lamentable la falta de visitadores de Derechos Humanos ante tanta arbitrariedad e impunidad policiaca. El persistente Gustavo de la Rosa Hickerson brilla por su ausencia, mientras los combativos movimientos sociales y ong´s siguen inexplicablemente silenciosos desde la represión de noviembre (¿estarán amenazados?) frente a este actuar policiaco adolecente de verdadera vocación de justicia con sus métodos violentos y fuera de la ley, lo cual no los  diferencia de los criminales, llevándose consigo a cuestas a quién sabe cuanta gente inocente. Adiós al Estado de derecho.

Leyzaola y Murguía piden colaboración y confianza a una sociedad perjudicada directamente por ellos y su ideología fascista de exterminio. Desgraciadamente esa mentalidad está presente en grupos de poder como los partidos políticos, particularmente el PRI y el PAN, así como las cámaras empresariales, forjando y divulgando el “orden” por encima del progreso, impulsados por la idea de la imposibilidad de rehabilitar a criminales y delincuentes a los cuales se debe aniquilar. 

Pero mientras presionamos para que Leyzaola por ética renuncie o se vaya, atendiendo el llamado para enfrentar la justicia en los casos y lugares donde se le acusa, ¡a cuidarse de su policía!