viernes, 11 de septiembre de 2009

Militarización en Ciudad Juárez

El contexto de la militarización
Desde el inicio de la presente administración de Felipe Calderón Hinojosa, el empleo del ejército para actividades de vigilancia policiaca, so pretexto de la “guerra contra el narcotráfico” es una bandera política que juega en perjuicio de la sociedad, cuyo fin aparentemente es sanear la corrupción policiaca y de gobierno en aquellas entidades sospechosas de mantener nexos con el narco, sobre todo en aquellas gobernadas por la oposición.
Esta militarización de las calles contraviene las garantías otorgadas por la Constitución, pues viola los artículos 11 (derecho de tránsito sin necesidad de mostrar identificación o salvoconducto) 14 (en este caso el ejército se guarda el derecho de secuestrar sin necesidad de juicio) 16, la gente está siendo molestada en la calle y a domicilio; 22, pues se han reportado casos de tortura por parte del ejército y 29, puesto que el Ejecutivo no convocó, mucho menos acordó con ninguna otra institución del Estado (Secretarías, Congreso de la Unión, Procuraduría General de la República) para llevar a cabo el ejercicio militar con la suspensión de garantías descritas anteriormente.
Se considera la militarización del país como una acción política de legitimación del actual régimen para minimizar el fraude electoral del que surge en el 2006 y para desviar la atención tanto de ese hecho, como para disminuir el fracaso en materia económica, laboral y social así como de desalentar o reprimir a movimientos de la sociedad. La campaña contra las drogas, complementaria a la militarización, adolece de estrategias para disminuir el poder del narcotráfico, dejando principalmente en manos del ejército dicha responsabilidad, con poco o nulo beneficios sociales (campañas educativas) de salud pública (atención a usuarios) o incluso jurídicos (legalización o despenalización de las drogas).
Criminalización de la sociedad y de la protesta social
Este tipo de acciones, totalmente antidemocráticas y al margen de la ley han logrado someter bajo un régimen de tendencias fascistas la proliferación del miedo en la población (terrorismo de Estado) considerando además a la sociedad en todo momento como sospechosa de los males que la aquejan, manteniendo en jaque las garantías constitucionales y violando los derechos humanos de facto de manera reiterada y en complicidad con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
La criminalización social se extiende particularmente hacia grupos y personas contrarias o críticas al régimen. Desde el 2008 se registra un aumento de hostigamientos y persecuciones a miembros de organizaciones anarquistas y zapatistas (Kasa de Kultura, La Otra Campaña) detenciones arbitrarias a activistas (Cipriana Jurado) o asesinatos como el del líder campesino Armando Villarreal Marta o el de Géminis Ochoa, líder de comerciantes del centro de Juárez. Este tipo de acciones recuerdan el pasado inmediato de este país, cuando en la época de la guerra sucia se desaparecía o ejecutaba a las personas consideradas enemigas del régimen. Por los nulos resultados de la guerra contra el narco, aunados a la crisis de credibilidad en que están desde hace tiempo hundidas las instituciones gubernamentales y la clase política en general, además del panorama negativo en materia económica (neoliberalismo y desempleo) la presente estrategia de la guerra contra el crimen organizado va encauzada a mantener el orden, más que verdaderamente encontrar soluciones al problema del narco.
Peligros de la militarización
Por lo anterior es importante señalar los peligros de la militarización en la lógica en que hemos elaborado este análisis; la desconfianza entre sociedad y gobierno es mutua. Esto hace que más que una relación de cooperación para llegar a soluciones a los graves problemas del país, como la corrupción ligada al narcotráfico, se convierta en una relación de sometimiento de la sociedad a las autoridades, acción difícil de conseguir dadas las condiciones económicas y políticas imperantes, de ahí la urgencia y contradicción de mantener un orden castrense como recurso de estabilidad nacional y en respuesta a las demandas de seguridad pública.
Uno de los principales peligros de mantener el ejército en las calles, es mantener el ejército en las calles. El protagonismo creciente de la milicia es un mal síntoma, no sólo es sinónimo de la debilidad y falta de cohesión y coerción de las instituciones civiles (policía y jueces) sino también del nivel de corrupción gubernamental y de la falta de gobernabilidad del régimen. Si las actuales condiciones de ingobernabilidad no cambian, si la estrategia de los operativos contra el narco falla y si a consecuencia sigue desprestigiándose en caída el ejército, existe la posibilidad de un resurgimiento del poder militar como una fuerza que busque compensar lo que los gobiernos civiles han dejado de hacer.
Otro grave problema más inmediato, es la violación al Estado de derecho, el Estado de excepción que se vive ya en entidades como Chihuahua y en Ciudad Juárez. El ejército tiene funciones muy específicas y entre ellas no está la suplantación de las tareas policiales civiles; el ejército está entrenado para matar, para proteger al país de ataques bélicos, no para reprimir o atemorizar a la población. Las cientos de denuncias hacia los militares por violaciones a los derechos humanos se multiplican a partir de su presencia en las calles, desde accidentes de tránsito hasta amenazas, golpes, desapariciones, invasión ilegal de domicilios, retenes, revisiones y asesinatos.
El gobierno calderonista somete a la sociedad mexicana a un régimen policiaco en la figura del ejército y la policía federal preventiva (PFP) bajo el esquema del combate contra las drogas y con la presión de Estados Unidos de implementar el Plan Mérida, un nuevo intento de esa nación para tener mayor control sobre el país. Este proceso de militarización con influencia norteamericana, conocido también como colombianización, por sus similitudes con el país sudamericano, permiten entrever el camino que seguirá el país: paramilitarización, corrupción, pérdida de autonomía e independencia, limitaciones y violaciones a las garantías constitucionales, así como un incremento considerable de asesinatos, crímenes y delitos relacionados con esta lucha y con las condiciones de depresión económica imperantes por la crisis económica mundial.