ES URGENTE LA REGULACIÓN DEL MERCADO DE MAÍZ-TORTILLA
El acuerdo tomado entre la Secretaría de Economía y la Unión de tortilleros para suspender (temporalmente) el aumento del precio de la tortilla, es demasiado frágil. En poco tiempo estaremos nuevamente ante un incremento del costo de dicho producto. El golpe económico será de gran severidad para los sectores más empobrecidos.
El problema principal radica en la incapacidad del gobierno mexicano para establecer una nueva regulación del mercado que suprima el control oligopólico que hoy existe en la comercialización del grano y en el esquema desventajoso que tiene el funcionamiento de los molinos y tortillerías. El gobierno sigue actuando con una enorme cobardía anti monopólica frente a uno de los mercados más sensibles para la economía popular.
El gobierno se ha mostrado indiferente frente al hecho de que tres empresas (maseca, cargill, minsa) tienen el control de más del 60% de la comercialización del grano y son las principales beneficiarias de los grandes volúmenes de importación. Este hecho ha dado como resultado la fijación oligopólica de precios, el acaparamiento y la especulación. Son, además los principales beneficiarios de los enormes subsidios que se entregan a través de SAGARPA como apoyos a la comercialización.
Es decir, dichas empresas no solo gozan de regímenes fiscales de ´privilegio, obtienen la mayor parte de subsidios y colocan el producto con sobreprecios en distintas regiones donde la competencia es verdaderamente nula.
De igual manera, la estructura del mercado de la masa y la tortilla se encuentra profundamente distorsionada. Hay un control que impide la entrada de nuevos participantes en el mercado, una obligación de compra de insumos, una determinación de distancias y permisos para abrir nuevas tortillerías. Hay un control corporativo de dicho mercado.
El incremento de precios resulta injustificado. No hay un problema de producción. A nivel internacional hay una producción de 820 millones de toneladas. Y en México se ha logrado una cifra histórica de cerca de 25 millones en el 2010. Lo que existe es un grave problema de especulación a nivel internacional y en nuestro país.
La situación se torna demasiado grave, pues estamos ante el inicio de una nueva crisis de precios de los alimentos. En el 2007 la crisis de precios también inició con el incremento de la tortilla y absolutamente todos los productos alimenticios se incrementaron. Los resultados de la crisis de 2007-2008 provocaron el incremento de 2 millones de nuevos ´pobres y borró todos dos esfuerzos que se habían realizado desde el 2000 en materia de política social y de disminución de la pobreza.
Por ello, el gobierno mexicano no puede seguir abordando dicho problema como algo coyuntural. La Comisión Federal de Competencia tiene, de oficio, la facultad para iniciar una investigación sobre el control del mercado y la fijación oligopólica de precios. La COFECO debe anunciar el inicio de medidas para establecer sanciones y castigar las prácticas comerciales contra los consumidores, principalmente los más pobres.
La situación internacional y los altos niveles de especulación que se están presentando en el mundo y a nivel nacional deben obligar al gobierno a actuar con mayor energía. Sobre todo por el hecho de que vamos a vivir en el futuro.
La Sagarpa debe de modificar la política agropecuaria, pues es el momento de establecer una reserva de alimentos e incrementar la protección y la productividad de millones de campesinos que nunca se benefician de los altos precios que existen en el mercado nacional e internacional. La enorme ganancia siempre se las llevan los mismos.
En la siguiente gráfica se muestra el consumo promedio en pesos en tortilla de maíz por decíl:
La colusión de los grupos monopólicos es evidente en el impacto y afectación para los consumidores. Ya al inicio del año, la Cofeco hizo público el resultado de investigación en materia de tortilla encontrando los siguientes resultados.
Los industriales de la masa y la tortilla restringieron la competencia en las actividades de producción, distribución y comercialización de la siguiente forma:
• No competían en precios, establecían precios fijos por kilogramo.
• Asignaban áreas exclusivas para los establecimientos existentes a través del establecimiento de distancias mínimas entre establecimientos del mismo giro comercial.
• Impedían u obstaculizaban la entrada de nuevos participantes mediante acuerdos para evitar el otorgamiento de licencias o autorizaciones necesarias para un interesado, pudiera construir un nuevo establecimiento.
• Impedían o prohibían las actividades en determinados días u horarios de operación, o imponiendo horarios obligatorios de servicios, restringiendo las oportunidades y la flexibilidad de los establecimientos para elegir el tiempo de operaciones más eficiente para sus condiciones específicas y la competencia y libre concurrencia en los mercados afectados.
Por ello demandamos:
1.- El inicio inmediato de la Cofeco para sancionar la colusión de estos grupos acaparadores y que dicha autoridad no actúe tibiamente como en la anterior crisis de alimentos.
2.- Que la propia Secretaría de Economía enfrente a estos grupos monopólicos y no los cobije en sus estrategias de acaparamiento y menos, mienta ante la opinión pública al declarar que ya pacto el no incremento, cuando su deber es impedirlo. Bruno Ferrari no debe jugar a la simulación, la gravedad del tema se lo impide.
3.- Qué Congreso no concluya sin la aprobación de la Ley anti-monopolios y de no ser así, se convoque uno extraordinario específicamente para ello.
Seguiremos atentos al comportamiento de la autoridad y denunciando la especulación ominosa de las empresas acaparadoras. Nuestro país y los millones de personas que vivimos en él, lo merecemos.
Diciembre 14, 2010
Alfonso Ramírez Cuéllar
Presidente de El Barzón
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